Esta semana pasada he remitido una carta la Presidente de la Junta Vecinal de Loredo. A continuación la transcribo:
“Recientemente se han producido, y se están produciendo en la actualidad, unos terremotos en Haití que han causado innumerables muertes y heridos en su población. Los ciudadanos que han sobrevivido carecen de los medios básicos de subsistencia y necesitan ayuda.
Los gobiernos, instituciones, organismos y ciudadanos, de manera particular, han colaborado y están colaborando en proporcionar la ayuda necesaria a estas desdichadas personas. He pensado que quizás sea el momento oportuno para celebrar un acto de solidaridad colectiva para arraigar más, si cabe, ese sentimiento de ayuda entre los seres humanos. En este caso: ayuda monetaria. El acto, que podía enmarcarse dentro de un concejo abierto, serviría para que se pudiese expresar la voluntad colectiva de un pueblo. Sería además un evento, si fuese consensuado positivamente, que daría exaltación a esa junta. Gozosamente ejerceríamos un derecho arraigado en nuestra sociedad.
Ese u otro concejo pudiera ser el inicio de la descarga de responsabilidad presidencial en la adopción de acuerdos o toma de decisiones. Se comenta que esa presidencia va a llevar a cabo la venta de unos terrenos vecinales a un particular. Por otro lado, se busca ayuda jurídica para defender al pueblo de algo que sólo sabe la junta vecinal. En ningún concejo se ha tratado.
Respecto a lo primero, aunque pueda ser legal la forma en la que se realiza, no creo, por principio, que los vecinos de un pueblo deban vender el patrimonio del mismo cuando no necesitan liquidez. Las formas pienso que no son las adecuadas. Mejor sería -además se alejaría de cualquier otra interpretación- la adopción de un acuerdo para la enajenación de los bienes vecinales cuando los vecinos así lo deciden en concejo. Quizás alguien tenga la lucidez que esa junta no llega a alcanzar y proponga un uso del terreno que redunde en beneficio del pueblo. Si no se pregunta no se sabe.
Respecto a lo segundo, conviene aclarar el motivo que existe para la contratación de un abogado y un procurador por parte del presidente. Si es para defender al pueblo es lógico que el pueblo conozca los motivos por los cuales debe ser defendido.
Espero que estas ideas y deseos tengan sentido y surtan efecto. Si es así, estaremos más cerca de las teorías de William James, conocidas y seguidas por un miembro de esa junta, y más lejos de la dominación e influencia de la que, no me cabe duda alguna, quiere huir el destinatario de esta carta”.
Salud
En Loredo, febrero 2010